El Relator Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos de las Naciones Unidas, el Sr. Olivier De Schutter, concluyó recientemente una visita oficial a Ecuador que abarcó desde el 28 de agosto hasta el 8 de septiembre de 2023. Durante su estancia el Relator Especial mantuvo una serie de encuentros que pusieron de relieve las complejas cuestiones relacionadas con la pobreza extrema y los derechos humanos en la nación ecuatoriana.

El 28 de agosto, se llevó a cabo una significativa reunión en las oficinas del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, donde el CDES (Centro de Derechos Económicos y Sociales) y otras organizaciones se encontraron con el Relator Especial. En este encuentro, se abordaron diversos temas de importancia para el trabajo del Relator, incluyendo cuestiones cruciales como la deuda externa y sus canjes, la justicia fiscal y la evaluación de índices de pobreza entre grupos vulnerables en la sociedad ecuatoriana.

Al término de su extensa visita de dos semanas al país, el Relator Especial hizo un llamado urgente a las autoridades ecuatorianas para que aumenten significativamente sus inversiones en áreas fundamentales como la educación, la atención médica y la protección social. Estas recomendaciones buscan abordar de manera efectiva los desafíos persistentes relacionados con la pobreza, la seguridad y garantizar el respeto integral de los derechos humanos en Ecuador.

En este pequeño artículo, presentamos las principales preocupaciones planteadas por el Sr. Olivier De Schutter durante su visita, destacando los puntos clave abordados en su rueda de prensa del 8 de septiembre y resaltando la importancia de las discusiones sostenidas durante la reunión del 28 de agosto con el CDES y otras organizaciones comprometidas en la lucha contra la pobreza extrema en Ecuador. A continuación, presentamos un resumen con citas textuales (los subrayados son nuestros) de los temas seguidos por CDES:

El contexto de la visita

´El Relator Especial comprende las preocupaciones que suscita el deterioro de la seguridad en el país, donde la tasa de homicidios ha aumentado rápidamente y se ha evidenciado un preocupante aumento del papel del narcotráfico. Sin embargo, la respuesta a esta tendencia no puede ser únicamente fortalecer la aplicación de la ley. La necesidad de enfrentar al crimen organizado no debería opacar los importantes vínculos entre las condiciones socioeconómicas y el aumento de la delincuencia. Es posible que esté surgiendo un círculo vicioso. La falta de oportunidades laborales hace que los jóvenes sean presa fácil para ser reclutados por bandas criminales y hace que el crimen, incluido el contrabando de mercancías a través de las fronteras, se convierta en una opción deseable. La inseguridad, a su vez, agrava la pobreza, ya que las empresas son objeto de extorsión en forma de ‘vacunas’; las escuelas son tan inseguras que algunos padres retiran a sus hijos; y la inseguridad y las malas perspectivas económicas promueven la migración, particularmente hacia los Estados Unidos. Según algunas estimaciones, 280.000 ecuatorianos han abandonado el país desde 2021, utilizando ahora rutas terrestres que, aunque peligrosas y largas, son asequibles para una mayor diversidad de migrantes. El círculo vicioso que vincula la inseguridad y la pobreza puede romperse si el país invierte más en su gente y ofrece mejores perspectivas a los jóvenes.

Los resultados de las elecciones del 20 de agosto ofrecen una segunda lección: la era del extractivismo podría estar llegando a su fin. El día de las elecciones se realizaron consultas populares respecto a si se debía o no prohibir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní , y sobre si se debía o no prohibir la minería metálica en el Chocó Andino, en la provincia de Pichincha. El 58,95 por ciento de los más de 13 millones de electores votaron a favor de prohibir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, y el 68 por ciento de los electores que residían en los municipios involucrados votaron a favor de prohibir la minería metálica en el Chocó Andino.

El mandato expresado por los votantes es claro: el país debe superar el extractivismo. De hecho, además de las fuertes mayorías contra la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y la extracción de minerales en el Chocó Andino, el Relator Especial se reunió con un gran número de personas y grupos que expresaron su descontento frente a los impactos de la industria extractiva. En las provincias de Chimborazo y Pastaza, las comunidades indígenas explicaron que los proyectos mineros contaminaron los suelos y las fuentes de agua de las que dependen para la producción agrícola. Otros grupos presentaron al Relator Especial ejemplos de proyectos mineros, tanto legales como ilegales, que afectan su acceso a los recursos.´

Protección social

´ Ecuador gasta el 9,6% de su PIB en protección social, la atención médica representa el 4,4% del PIB y otras protecciones sociales el 5,2%. Se trata de una proporción inferior al promedio de América Latina y el Caribe (que ronda el 14% del PIB). Además, Ecuador invierte muy poco en niños y adultos en edad de trabajar; la mayor parte de su presupuesto de protección social beneficia a los mayores de 65 años, quienes sólo representan el 8% de la población.´

Pobreza y desigualdad

• Incumplimiento de metas.

´A pesar del compromiso del gobierno de reducir del 70% al 55% la pobreza multidimensional rural, centrándose en los pueblos indígenas, afroecuatorianos y grupos vulnerables, el objetivo está lejos de cumplirse. Las principales deficiencias son la falta de acceso al agua y al saneamiento, la desnutrición infantil crónica, el empleo precario, la insuficiente cobertura de protección social, la baja calidad de la educación y las viviendas precarias.´

• Indígenas y afroecuatorianos los más afectados.

´Los miembros de la comunidad afroecuatoriana y los grupos indígenas también se ven afectados de manera desproporcionada por la pobreza. La pobreza que experimentan quienes se autoidentifican como indígenas aumentó del 52,68% en 2021 al 54,26% en 2022. Los afroecuatorianos experimentan el segundo porcentaje más alto de pobreza por ingresos, que afecta al 33,77% de su población. La discriminación institucionalizada y el racismo, el desempleo y los bajos salarios se consideran a menudo como las principales causas de lo expuesto.´

• ´El caso Furukawa, sobre el cual los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos expresaron sus preocupaciones en 2019, ilustra las dramáticas consecuencias que pueden resultar de la falta de un seguimiento adecuado, particularmente en el sector agroindustrial: se alegaba que en las fincas ubicadas en las plantaciones de abacá de la empresa japonesa Furukawa Plantaciones CA existían condiciones similares a la esclavitud, y tras la acción de las autoridades contra la empresa, esta presentó una denuncia penal por extorsión contra un representante de las familias afectadas en represalia.´

Deuda y política fiscal

´El FMI aprobó un Servicio Ampliado del Fondo de 27 meses de DEG 4.615 millones (661% de la cuota, equivalente a USD 6.500 millones). Ecuador es ahora uno de los 14 países que excedieron el 187,5% de la cuota del FMI en 2021, con el resultado de que entre 2023 y 2033, se estima que Ecuador realizará pagos de recargos por USD 1.079 millones. Por lo tanto, el Relator Especial desea destacar tres formas en que podría ampliarse el espacio fiscal disponible.´

1. ´La reforma tributaria es lo primero. Se esperaba que la reforma tributaria de 2021 aumentara la eficiencia e hiciera que el sistema tributario fuera más progresivo. La reforma se emprendió para dar cumplimiento al acuerdo firmado con el FMI en octubre de 2020, que contemplaba la necesidad de una reforma tributaria para aumentar los ingresos tributarios en 2.000 millones de dólares hasta 2022. Sin embargo, a finales de 2023, la relación proporcional impuestos/PIB se mantuvo igual y la progresividad cayó un 1,8%, con una mayor dependencia de los ingresos del IVA.´

2. ´Los canjes de «deuda por naturaleza» son una segunda herramienta que podría utilizarse para ampliar el espacio fiscal para la inversión social. Sin embargo, para que ésta sea una opción viable, se debe aprender las lecciones de experiencias pasadas.

El Bono Marino de Galápagos ha sido objeto de escrutinio por varias razones. Se ha estructurado a través de jurisdicciones de paraísos fiscales (el estado estadounidense de Delaware e Irlanda). Sus impactos en el servicio de la deuda se sentirán esencialmente en 2030-2035, mientras que Ecuador enfrentará un pico en el servicio de la deuda en el período 2025-2030. La gobernanza del plan, y el papel del sector financiero privado en particular, carece de transparencia y rendición de cuentas. Algunos lo ven como una limitación problemática a la soberanía del país.

Por último, ha surgido una preocupación importante debido a la reciente reducción de la calificación del bono por parte de la agencia de calificación crediticia Moody’s. Por esta razón, los países de bajos ingresos, en particular, pueden temer optar por canjes de deuda por naturaleza como posibles instrumentos de mercado debido a las malas calificaciones que se otorgan a dichos bonos, a pesar de estar en una situación compleja de endeudamiento.

El 5 de septiembre de 2023, el gobierno anunció una iniciativa para definir un «corredor amazónico», con el objetivo a largo plazo de asegurar un canje de «deuda por naturaleza» aún más ambicioso, esta vez para garantizar que los esfuerzos de conservación de la selva amazónica sean recompensados, permitiendo ampliar el espacio fiscal disponible para la inversión social. Si bien la idea es prometedora en principio, la implementación debe diseñarse cuidadosamente para tener en cuenta las preguntas legítimas planteadas en torno al acuerdo de Galápagos, así como las lecciones que pueden derivarse de experiencias pasadas similares en Seychelles, Belice y Barbados.

3. ´Una tercera forma de incrementar el espacio fiscal es racionalizar los subsidios a los combustibles fósiles. En 2022, 4.500 millones de dólares, lo que representa alrededor del 4% del PIB, se destinaron a dichos subsidios. Esto equivale aproximadamente al presupuesto total del Ministerio de Educación y casi cuatro veces el presupuesto gastado en asistencia social. Sin embargo, esos subsidios son regresivos: benefician de manera desproporcionada al 20% más rico de la población, y este es especialmente el caso de los subsidios al diésel. También son incompatibles con la necesidad de avanzar hacia un consumo y una producción más sostenibles, como se ha comprometido Ecuador en el Objetivo de Desarrollo Sostenible.´

El Relator Especial presentará un informe final sobre su visita al Ecuador al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2024.

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo de la Unión Europea, de FORD Foundation y la Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-Sur 11.11.11. . El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de CDES y no refleja, necesariamente, la opinión de los cooperantes.