Reportero de la IA: SUBSIDIARIA DE HALLIBURTON LLEVA A CABO ARBITRAJE CONTRA PETROECUADOR, CON TRIBUNAL YA CONSTITUIDO
Por Lisa Bohmerimprime
Una empresa local propiedad del gigante estadounidense de servicios petroleros Halliburton, Servicios Petroleros Igapo (Igapo), está actualmente involucrada en un arbitraje basado en un contrato con la empresa petrolera estatal de Ecuador, Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador).
Solo se dispone de información limitada sobre la disputa subyacente.
Según los documentos de la compañía de Igapo, el demandante es copropietario de Halliburton Latin America y Halliburton Swiss Holdings. Según una comunicación de 2016 de la estatal Petroamazonas, parece que a Igapo se le encomendaron actividades de perforación en cuatro lugares de la selva amazónica de Ecuador: Lago Agrio, Palo Azul, Pucuna y Victor Hugo Ruales. Halliburton, por su parte, había anunciado previamente en 2014 que había firmado contratos a largo plazo con Petroamazonas “para proporcionar desarrollo de campos y gestión de proyectos, así como servicios de perforación y terminación, en nueve campos maduros”. Según Halliburton, estos contratos debían extenderse durante 15 años, más una posible extensión de cinco años, y Halliburton planeaba invertir aproximadamente mil millones de dólares durante los primeros cinco años.
A finales de 2020, Petroecuador supuestamente absorbió a Petroamazonas y la empresa unificada heredó todas las obligaciones y compromisos contractuales de las dos empresas.
La disputa precisa que dio lugar a la reciente demanda de arbitraje sigue sin revelarse.
Ya se ha establecido un tribunal para conocer de esta disputa, con Dyala Jiménez Figueres como presidente, junto a Alberto Zuleta y Eduardo Damiao Goncalves.
El Sr. Damiao es socio de la firma de abogados portuguesa Mattos Filho. Anteriormente, se desempeñó como presidente en el arbitraje basado en el tratado Venoklim c. Venezuela (2).
El arbitraje tiene su sede en Chile, y está procediendo bajo las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI de 1976.
The claimant is represented by Perez Bustamante & Ponce, while Petroecuador is assisted by Ecuador’s Procuraduria General del Estado.
