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Gestión de la deuda

Gobernanza general y espacio civil a nivel nacional

Referencias

Gestión de la deuda

• ¿Cuál es el impacto de la gestión de la deuda en el avance de los derechos humanos y la Agenda 2030?

El pago de la deuda pública creció de manera significativa, comprometiendo importantes recursos fiscales y reservas internacionales que podrían emplearse en otros usos para garantizar los servicios públicos y la estabilidad económica y social del país. Entre 2009 y 2020, el servicio de la deuda externa pasó de $810 a $3.576 millones; así mismo, el servicio de la deuda interna pasó de $477 a $3.155 millones. Es decir, los pagos de la deuda interna crecieron 55% en promedio anual; y los pagos de la externa 37% en promedio anual.

Servicio de la deuda pública y gasto social del gobierno central en millones

Así mismo, mientras el total del servicio de la deuda creció 44% anual, entre 2009 y 2020, el gasto social (educación, cultural, salud y desarrollo comunitario) solamente creció 13% en promedio por año. En principio el gasto social era considerablemente superior al pago de la deuda, solamente desde el año 2014 la situación se revirtió. En el último año el gasto social alcanzó $5.731 millones y el servicio de la deuda $6.731 millones.

Servicio de la deuda pública total y gasto social del gobierno central en millones

En realidad, entre 2009 y 2020, todos los sectores del gasto del gobierno central crecieron menos rápido que los pagos por deuda. El sector que menos creció fue el relacionado a la infraestructura vial (2%) y desarrollo agropecuario (5%). Pero tampoco hubo un crecimiento sostenido en educación (10%), salud (18%) y servicios generales (11%).

Tasa de variación del gasto del gobierno central por sectores y servicio de la deuda entre 2009 y 2020

En los últimos dos años se ha profundizado esta tendencia de desproporción en el peso de la deuda en comparación con el gasto público en otros sectores. Preocupa particularmente el gasto en salud y educación que han decrecido en plena pandemia. Sin embargo, el pago del servicio de la deuda experimentó un decrecimiento del -28% como resultado de un proceso de restructuración de los compromisos con acreedores privados[1], en los próximos años se puede esperar un crecimiento de los pagos futuros de deuda (como veremos más adelante).

Tasa de variación anual del gasto por sectores y servicio de la deuda

Por otra parte, los ingresos fiscales cada vez son menores en relación al crecimiento del servicio de la deuda. Los ingresos crecen en promedio anual al 8% y el servicio de la deuda al 24%. Principalmente los ingresos petroleros han experimentado una contracción severa desde el año 2014. También sabemos que en el año 2020 los ingresos fiscales se desplomaron como consecuencia de la crisis del Covid-19.

Ingresos fiscales y servicio de la deuda en millones de dólares y tasas de crecimiento

Un elemento importante a considerar entre la deuda interna y externa, es que la primera tiene mayor margen de gestión debido a que se rige por normas nacionales y responde a acreedores que son parte del sector público. En cambio, la deuda externa se rige por reglas y tribunales con residencia principalmente en EE.UU.; además para esta deuda es indispensable garantizar reservas internacionales. De hecho, la particularidad de la dolarización ecuatoriana hace que cerrar el déficit fiscal no signifique necesariamente contar con los dólares para pagar la deuda externa.

El monto de la deuda, la deuda externa se incrementó aceleradamente desde el año 2014, pasando de 17.2% del PIB hasta 46.9% del PIB en 2020. El saldo final de la deuda, incluyendo intereses por atrasos, alcanzó 45.367 millones de dólares.

Deuda externa pública en millones y como porcentaje del PIB *

El ritmo del crecimiento de la deuda externa hace muy difícil la sostenibilidad financiera para el futuro. El FMI proyecta que la relación de la deuda respecto al PIB, se incrementará hasta alcanzar el 50.1% al final del 2021 y tendría que reducirse progresivamente hasta 43.1% en 2025. No obstante, los supuestos para realizar estas proyecciones subestiman el impacto que tendrá las medidas de austeridad sobre el crecimiento económico y la recaudación fiscal. Además, podría ser que los supuestos de reducción del déficit e incremento de las reservas internacionales no se cumplan.

Proyección del FMI sobre el crecimiento de la deuda externa como porcentaje del PIB

Para obtener esta reducción de deuda externa se deberían cumplir una serie de medidas de ajuste estructural que se basan en una ambiciosa reforma fiscal, laboral y monetaria que tienen el objetivo de cuidar ingresos fiscales y reservas internacionales para garantizar los desembolsos del pago de la deuda. Acá una síntesis, a nuestro criterio, de los principales puntos de reformas para el futuro:

Principales medias acordadas entre el FMI y el gobierno de Ecuador

Pag 14 – Punto 28, inciso 1	Para alcanzar la sostenibilidad fiscal el Gobierno se compromete, en el 2021, a reducir en 800 millones gastos relacionados con la pandemia, racionalizar los gastos de capital y reducir los gastos en bienes y servicios.
Pag 14 – Punto 28, inciso 2	El impacto de la consolidación fiscal (- 5.5 punto del PIB hasta 2025) en el crecimiento económico debe ser compensado con la ganancia de confianza generado por el mejoramiento del perfil de la deuda pública y en el fortalecimiento de las instituciones.
Pag 15 – Punto 29 (inciso 1)	La reforma tributaria propuesta incluye entre las políticas a ser implementadas la eliminación de la devolución del IVA para personas de la tercera edad.
Pag 15 – Punto 29 (inciso 2) / Pag 72 Memorando de Políticas Económicas y Financieras	Recorte de empleo y reducción de salarios. El gobierno ya ha ampliado el recorte de horas y salarios hasta mayo 2021 y en el mediano plazo se compromete a reducir salarios en nuevas contrataciones, no congelamiento de la contratación y los ascensos y continuar la reducción de personal en sectores no esenciales.
Pag. 18 – Punto 32  Pag 76 – Punto 16 Memorando de Políticas Económicas y Financieras  Structural Benchmark. Fin enero 2021	Independencia BCE. Aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización para buscar la autonomía del Banco Central, priorizar el uso de reservas internacionales para cubrir los depósitos de la banca privada y restringir su uso para posibles operaciones de financiamiento del presupuesto público.
Pag 20 – Punto 38	Reducir la rigidez del mercado laboral y alinear el salario mínimo con la productividad. Se señalan como aciertos las decisiones tomadas en la Ley de Apoyo Humanitario que permitieron los acuerdos entre empleado y empleador y reducción de horas trabajadas y salarios.
Pag 68 – Punto 2 de la Carta de Intención	La carta de intención se basa en el cumplimiento del Plan Macroeconómico “Plan Prosperidad”, es decir las prioridades del gasto público no se apegan al Plan de Desarrollo Nacional en el marco de la Agenda 2030.
Pag 68 – Punto 5 de la carta de intención	El Gobierno se compromete a posponer las inversiones de capital, por considerarlas gastos no urgentes.

Se trata de un ajuste por el lado de la oferta que se basa en la consideración de que la economía ecuatoriana estaría operando por encima de su nivel, lo que implica un desequilibrio del comercio internacional que disminuye las reservas internacionales mediante las importaciones por el consumo de los hogares, gobierno y la producción interna encadenada a insumos de importación. Al contrario, este plan de ajuste impide medidas de ampliación del mercado interno y la regulación de las importaciones y servicios financieros.

Ahora bien, incluso si aceptamos los supuestos del FMI para realizar sus proyecciones, la sostenibilidad de la deuda aun así no queda clara. Según consta en los acuerdos de ajuste fiscal, se proyecta que con un fuerte ajuste fiscal de 5.5% del PIB, desde el 2022 se lograría superávits fiscales hasta el 2025, sin embargo, en el mismo período, el FMI también proyecta que en el futuro los requerimientos de financiamiento externos alcanzarían $ 21.912 millones entre el año 2021 y 2025.

Proyección del FMI: necesidades de reservas para pagar deuda externa en millones

Si a esto le sumamos la pérdida de reservas internacionales por salida de divisas, la deuda podría incrementarse y con ella los pagos futuros de capital y amortizaciones. Recordemos que las reservas internacionales se alimentan por ingresos petroleros netos (estos es exportaciones de crudo, menos importación de combustible); en cambio las reservas sufren un desgaste por los giros realizados al exterior principalmente por desembolsos para el servicio de la deuda y las demandas de las bóvedas del Banco Central realizadas por el sector privado y público. Hechas estas sumas y restas, los requerimientos de financiamiento externos alcanzarían $ 21.326 millones entre 2021 y 2025.

Necesidades totales para financiar el sector externo en millones

Subrayamos que en dolarización la única forma de reducir la deuda externa es mediante suficientes reservas internacionales para cubrir los giros al exterior por pagos del servicio de la deuda. Estas reservas internacionales crecen o decrecen con la salida y entrada de divisas. Por lo tanto, la sostenibilidad de la deuda externa depende de garantizar saldos netos de divisas positivos que pueden ser empleados para disminuir la deuda externa. De la misma manera, los desbalances de la cuenta corriente, particularmente los déficits comerciales, generan un desgaste de las reservas internacionales que presionan nuevas necesidades de deuda externa para reponerlas.

Por lo anterior, es necesario interpretar las operaciones del gobierno central en relación a las reservas internacionales. Cuando el Gobierno recibe el pago de impuestos se genera un cambio en la composición del pasivo del Banco Central, se mueven recursos de los depósitos de las instituciones financieras privadas en el BCE, hacia los depósitos del gobierno central en el BCE. Ningún activo, incluidas las reservas internacionales, se afectan en absoluto con esta operación (Carvajal, 2020). Por esta razón es errado pensar que con la sola recaudación de impuestos se pueden realizar pagos de deuda externa. Para estos pagos se requieren ineludiblemente un incremento de reservas internacionales.

Preguntas de investigación complementarias

Deuda, derechos humanos y Agenda 2030 en los procesos presupuestarios

• Marco legal sobre priorización del presupuesto y la deuda externa:

1. En el nivel constitucional existen normas que específicamente imponen restricciones al endeudamiento público que afecte al goce de derechos y al buen vivir. El artículo 290, numeral 2 prescribe que el Estado debe velar para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza.
2. Sin embargo, el pasado 24 de julio de 2020 se aprobó la denominada “ley para el ordenamiento de las finanzas públicas” que incluyen varias disposiciones sobre la gestión de las finanzas públicas que buscan garantizar la disponibilidad de recursos para el pago de deuda externa, y, correlativamente, establece restricciones al aumento del gasto público de acuerdo con los ingresos fiscales y los compromisos en materia de endeudamiento.
3. Por ejemplo, se dispone expresamente que los resultados primarios y primario no petrolero del presupuesto, deben garantizar el cumplimiento de la regla de deuda (que dispone un techo de endeudamiento del 40% del PIB);
4. Además, explícitamente la Ley mencionada prescribe que el resultado primario, y resultado primario no perolero del presupuesto general del Estado, debe presentar metas fiscales específicas de ingresos y egresos anuales que permitan garantizar el cumplimiento de la regla de deuda. Por lo que, en consecuencia, la disponibilidad de fondos para atender gasto social o de inversión, se sujeta la regla de sostenibilidad de la deuda externa.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y planificación:

1. De acuerdo con la Constitución, el principal instrumento de panificación nacional es el Plan Nacional de Desarrollo que es vinculante para el sector público, y referencial para el sector privado. Hasta el momento han sido aprobados cuatro Planes de Desarrollo (2007; 2009; 2013 y 2017), cuya estructura se articuló directamente con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Agenda 2030.
2. En el año 2013, la Secretaría Nacional de Planificación presentó el estudio “costos para salir del subdesarrollo” realizado a partir de una metodología centrada en la cobertura de servicios vinculados a los ODS. El resultado de dicho costeo ascendió a 42.400 millones de dólares, hasta 2021.
3. En julio de 2019, se publica el “Informe de avance del cumplimiento de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible” por parte de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, que incluye indicadores de desempeño de la agenda 2030, actualizados con corte al 29 de abril de 2019. Si bien, se puede observar la evolución de los indicadores que miden el cumplimiento de los ODS desde 2014 a 2019, en este documento sólo se desarrolla un recuento de las principales políticas públicas gestionadas desde el gobierno central, pero no se encuentra detallado los costos necesarios para el cumplimiento satisfactorio de cada ODS.
4. El marco regulatorio de las finanzas públicas ecuatorianas, sujeta la programación fiscal a la planificación nacional, que como se dijo anteriormente incluye metas específicas vinculadas con el cumplimiento de los ODS. Sin embargo, como producto de los compromisos del Ecuador con el FMI, dicho marco regulatorio cambió sustancialmente esta relación, y en su lugar, la disponibilidad fiscal de recursos establecido en la programación presupuestaria anual, sujeta a la planificación nacional.

▪ Prácticas presupuestarias con perspectiva de género

1. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 incorporó metas de igualdad de género en 46 políticas explícitas y 16 políticas implícitas. La principal normativa que regula la gestión del presupuesto del Estado, denominado como Código Orgánico de Finanzas Públicas (en lo que sigue: COPLAFIP), establece que los presupuestos de las instituciones del sector público deben sujetarse a la planificación plurianual nacional, y establece la obligatoriedad de que en la Proforma del Presupuesto General el Estado debe constar un anexo que explicite el gasto destinado para cierre de brechas de equidad.
2. COPLAFIP, Artículo 99: “En la proforma del Presupuesto General del Estado deberán constar como anexos los justificativos de ingresos y gastos, así como las estimaciones de: gasto tributario, subsidios, preasignaciones, pasivos contingentes, gasto para cierre de brechas de equidad, el resumen de programación fiscal plurianual y anual, el resumen de estrategias fiscales, el documento de riesgos fiscales, el informe anual de gestión de Notas del Tesoro, el Plan Financiero del Tesoro Nacional, entre otros”.
3. El Ministerio de Finanzas del Ecuador, a su vez, tiene competencia para emitir directrices a las entidades reguladas para la presentación de sus respectivos presupuestos institucionales. En dicho marco, a través de las directrices 2010 y 2012, se incorporó obligatoriamente al sector público el Clasificador de Orientación del Gasto: Clasificador de políticas de igualdad de género.
4. Lo que permite generar información fehaciente sobre el financiamiento de políticas de reducción de brechas de equidad de género. Por ejemplo, «(e)l monto de recursos registrados en la Función K, en el presupuesto codificado cado al 31 de diciembre de 2011, ascendió a US$ 54 ́749.261, presentando un crecimiento del 178,3% en relación al 2010. Sin embargo, el valor devengado fue de US$ 34 ́416.413 que corresponden al 62,9% de ejecución”.
5. Sin embargo, en el Informe Anual de Ejecución del Presupuesto General del Estado 2019, se señala que «(…) pese a que el ente rector de las finanzas públicas efectúa permanentemente acciones informativas y de capacitación para la aplicación de los Clasificadores, existe un alto porcentaje de entidades que no efectúan el registro correspondiente, situación que no permite apreciar la totalidad de los recursos del presupuesto que se destinan exclusivamente a las políticas de igualdad y ambiente”. Así, en ese año, “los recursos registrados por las instituciones públicas para igualdad y ambiente representaron el 1,19% del PIB”, y “Durante el año 2019 este direccionamiento totalizó USD 689,90 millones correspondiente a una ejecución del 97,78% respecto del total de recursos codificados; y, un incremento de 12,74% respecto al año 2018”.
6. ¿Tiene su país un marco fiscal de mediano plazo? De ser así, ¿se incluyen en él consideraciones sobre los derechos humanos y la Agenda 2030?

1. Por mandato del COPLAFIP, el órgano rector de las finanzas públicas debe realizar la programación presupuestaria cuatrianual del Sector Público. Dicha programación, se realiza sobre las metas del Plan Nacional de Desarrollo que como dijimos anteriormente, se formula cada cuatro años bajo responsabilidad de cada gobierno electo democráticamente.
2. En dicho sentido, dado que el Plan Nacional de Desarrollo recoge el cumplimiento de los ODS, la programación presupuestaria cuatrianual debe expresar la relación ingresos/gasto necesario para alcanzarlo.

Transparencia de los datos de la deuda

1. El Ministerio de finanzas publica mensualmente los datos de deuda pública en el siguiente enlace: https://www.finanzas.gob.ec/https-wwwdeuda-publica-nueva-metodologia/
2. El denominado “Boletín de Deuda Pública” contiene datos de la Deuda Pública Total, externa e interna, presentada en tres ámbitos: 1. Presupuesto General del Estado (PGE): contempla las deudas de las instituciones y organismos del sector público del Gobierno Central y sus entidades adscritas, 2. Sector Público No Financiero (SPNF): considera a entidades del PGE, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), empresas públicas y a la Seguridad Social. 3. Sector Público Total (SPT): que, a más de las entidades del PGE y del SPNF, añade a la banca pública y otras entidades públicas financieras como la Corporación de Seguro de Depósitos (COSEDE).
3. El Boletín incluye entre sus indicadores el de “tipo de acreedor específico” en el que se identifican los acreedores externos según su propia denominación, como BID, FLAR, FMI, CAF, BIRF, FMI, en el caso de las multilaterales. Se incluye la denominación “Gobiernos” pero no se detalla cual es el país acreedor específico, y se incluye el genérico «Bancos” si la deuda tiene su origen en un banco extranjero, pero sin incluir su denominación. Finalmente, respecto de la deuda en bonos, se incluye la denominación del bono, con su respectivo año de emisión.
4. Respecto de la deuda interna, se incluyen los identificadores: proveedores, certificados de tesorería, GADs, etc.
5. El boletín actualizado a marzo de 2021 se puede descargar aquí.

▪ Presupuesto nacional y el marco fiscal de mediano plazo sobre proyecciones del servicio de la deuda:

El órgano rector de las finanzas públicas realiza la programación fiscal cuatrianual. En ella se incluye un análisis sobre la evaluación de a sostenibilidad de la deuda pública a mediano plazo. Se puede revisar el documento aquí.

1. • Auditoría de la deuda ciudadana:

Sí, en rigor tuvimos dos. La primera convocada a instancia del ex Presidente Alfredo Palacios en 2005, que en la práctica no pudo funcionar plenamente, y la convocada por el ex Presidente Rafael Correa en 2007.

Se conformó principalmente por expertos nacionales e internacionales, y contó con la participación del Ministerio de Finanzas. Se revisó la deuda multilateral, de país a país y especialmente la deuda en bonos, y sus reestructuraciones. El ámbito temporal de la auditoría incluyó las operaciones de endeudamiento contraídas durante el régimen democrático.

Entre sus principales resultados estuvieron, el señalar prácticas de colusión entre funcionarios nacionales e internacionales en la contratación de deuda para fines superfluos; prácticas de anatocismo presentes en las reestructuraciones de bonos soberanos; falta de transparencia sobre el origen, monto y condiciones jurídicas de las operaciones de endeudamiento; pagos sobre pasivos ya prescritos, etc.

Sobre la base del informe de la Comisión de Auditoría Integral Ciudadana sobre el Crédito Público, el Ecuador declaró en 2008 un default técnico sobre el vencimiento de su deuda en bonos, que resultó en un ahorro cercano a 8000 millones USD.

Sostenibilidad de la deuda

• Evaluación de la sostenibilidad de la deuda, independiente de evaluaciones similares producidas por el FMI / BM: es parte de la programación presupuestaria cuatrianual. Aquí el documento actualizado.

▪ La evaluación sobre sostenibilidad de deuda del FMI realizada sobre el Ecuador, más actualizada se incluye en el documento denominado «(S)olicitud de un acuerdo en el marco del servicio ampliado del FMI: comunicado de prensa; informe del personal técnico; suplemento del personal técnico; y declaración del director ejecutivo por Ecuador”. En esta se concluye que se prevé una baja de la deuda externa a 44,1 % del PIB hacia el 2025, es decir 10 puntos menos del 51,7 en 2020.

• ¿Se basa la evaluación del riesgo de ASD del FMI en su país en la implementación de medidas de consolidación fiscal (es decir, aumentos de impuestos o recortes de gastos)?

▪ Revisión de medidas, o condicionalidades en caso de que exista un programa del FMI, asociadas a la sostenibilidad de la deuda. Eurodad puede proporcionar soporte de datos.

Sí, en el análisis referido en la pregunta anterior, la reducción de la relación deuda/PIB se debe a la aplicación de las políticas de consolidación fiscal incluidas dentro de las condicionalidades del acuerdo SAF, y la mejora de la competitividad estructural a través, de entre varias medidas, la reducción de costos laborales.

• Que usted sepa, hay alguna consideración sobre la realización de “canjes de deuda” que involucren a su país, como por ejemplo, “canjes de deuda por cambio climático”.

El pasado 24 de febrero del presente año, se propuso una modalidad de canje de deuda por naturaleza por parte de organizaciones privadas como “Ocean Finance Company (OFC)” y «The Nature Conservancy”, que propusieron recomprar USD 600 millones en bonos de deuda externa ecuatorianos 2030, a cambio de que el Gobierno ecuatoriano amplíe la reserva marina de Galápagos, que pasaría de los 133 000 kilómetros cuadrados a un área marina de entre 380 000 y hasta 518 000 kilómetros.

El pasado 22 de abril de 2021, el Gobierno de Ecuador anunció que impulsará varios proyectos ambientales que serán financiados por un proceso de canje de deuda por 9,5 millones de dólares con Italia, a través de la denominada «Convocatoria Ambiental FIEDS 2021» que está orientada a fortalecer la lucha contra el cambio climático en tres aspectos prioritarios: «La protección y conservación del patrimonio natural forestal, el mejoramiento de la gestión integral de residuos no peligrosos y desechos peligrosos en el país, y la economía circular». Aquí la nota de prensa

Agenda multilateral sobre deuda y desarrollo

• ¿Su país es elegible y / o participa en la Iniciativa de suspensión del servicio de la deuda del G20 (DSSI)?

No, Ecuador es considerado como un país de renta media, mientras que la DSSI se dirige a los países de ingreso bajo.

▪ De ser así, cuáles han sido los beneficios y desafíos para su país (es decir, montos del servicio de la deuda externa suspendidos y excluidos de la suspensión; signos de sobreendeudamiento). 

• ¿Está el gobierno de su país participando activamente en el proceso de las Naciones Unidas “Financiamiento para el desarrollo en la era de COVID-19 y más allá”?

Ecuador estuvo presente en la iniciativa el pasado 29 de septiembre de 2020, a través de una ponencia del primer mandatario. No tenemos noticias de gestiones adicionales en esta materia.

▪ ¿Está el gobierno de su país apoyando medidas para abordar los desafíos de la deuda de los países en desarrollo? De ser así, qué medidas se están apoyando en este foro multilateral.

Apoyo a los mecanismos de alivio financiero para los países de menores ingresos; y el fomento de un marco internacional que facilite la reestructuración de deuda de los países en desarrollo, que incluyan una moratoria de pagos de dividendos durante el 2020.

▪ ¿Cuál es la posición del gobierno de su país con respecto a la implementación de un mecanismo multilateral de renegociación de la deuda?

• La información sobre la posición oficial de un gobierno en foros multilaterales está disponible ya sea en el ministerio de relaciones exteriores o en la oficina del presidente / primer ministro. Además, Eurodad puede ayudar con información proveniente del seguimiento de las posiciones gubernamentales en foros multilaterales.

1. No encontramos pronunciamientos oficiales en la diplomacia ecuatoriana sobre este punto.

 

Gobernanza general y espacio civil a nivel nacional

Durante la Reunión Inicial, los socios también discutieron la importancia de los aspectos generales relacionados con la gobernanza general y el espacio cívico a nivel nacional en los países de enfoque. En ese contexto, se identificaron algunas preguntas de investigación como un seguimiento relevante de la investigación sobre desarrollos relacionados con COVID-19 que los socios llevaron a cabo durante el verano.

Por favor considera:

- Pregunta clave general: ¿Existe alguna amenaza para el espacio cívico en su país? ¿Y / o la crisis del COVID-19 ha presentado nuevas oportunidades para construir alianzas?

– Que usted sepa, ¿ha habido alguna discusión sobre los procedimientos de toma de decisiones del gobierno en el contexto del COVID-19, incluyendo, por ejemplo, la base legal para las medidas COVID-19?

Sí, el debate se ha concentrado en la extensión y la modalidad de las restricciones que el Gobierno ecuatoriano ha establecido mediante decretos de estado de excepción. Actualmente, las medidas para contener la expansión del virus son tomadas por un comité interinstitucional, y en caso que requieran restricciones a la movilidad personal, estas son expedidas por el presidente de la República y revisadas por la Corte Constitucional. Esta última ha declarado como inconstitucionales algunos de esos decretos de estado de excepción, por consistir en medidas de restricción desproporcionadas.

– Que usted sepa, ¿ha habido nuevas restricciones o preocupaciones con respecto al espacio cívico, incluida la capacidad de la sociedad civil y los ciudadanos para participar en los procesos legislativos y acceder a la información?

Sí, ha existido un fuerte debate en torno de las medidas de confinamiento especialmente. Estas han sido objeto de críticas especialmente de parte de las cámaras de comercio, producción y turismo. Esto ha motivado que las medidas de confinamiento sean cuestionadas ante espacios institucionales como la Corte Constitucional del Ecuador que ha declarado la inconstitucionalidad de varias de esas medidas. Actualmente, se discute en el Ecuador una ley que regula las medidas de restricciones del estado de sitio.

– ¿La crisis del COVID-19 ha creado nuevas oportunidades, por ejemplo, para que la sociedad civil establezca contactos con aliados potenciales, como por ejemplo entre parlamentarios, economistas, académicos, etc.?

Sí, en las diversas facetas de las consecuencias provocadas por el Coronavirus se ha observado el surgimiento de varias modalidades de participación de la sociedad civil, como por ejemplo redes de ayuda ciudadana, foros sobre la discusión de medidas económicas para enfrentar la crisis económica, espacios de vigilancia sobre la forma de gestión de la crisis del coronvirus, especialmente en la reciente etapa de vacunación.

– ¿Algún otro comentario sobre este tema? 

Referencias

Almeida, M. (2018). Justicia económica y género. Quito: ILDIS.

BCE. (29 de noviembre de 2020). Banco Central del Ecuador. Obtenido de Micrositio: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Anuario/Boletinanuario.htm

Carvajal, S. (2020). Reservas Internacionales, Desafíos Fiscales y Banco Central en Dolarización. En I. y. Observatorio de Historia, El Leviatán de papel (pág. 48). Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Disponible en: http://iie-puce.com/wp-content/uploads/2021/01/El-Leviata%CC%81n-de-papel-N1-A1-5.1-FINAL.pdf.

CDES. (2019). Privilegios en Ecuador: Incentivos tributarios a las grandes empresas de telecomunicaciones. Lima: Latindadd & CDES. Disponible en: https://www.cdes.org.ec/wp-content/uploads/2019/06/Privilegios-en-Ecuador.pdf.

CEF. (2019). Los convenios para evitar la doble imposición. Servicio de Rentas Internas – SRI. Disponible en: https://cef.sri.gob.ec/pluginfile.php/20139/mod_page/content/80/F1.2.pdf.

CEPAL. (2020). Panorama Fiscal de América Latina y El Caribe: La política fiscal ante la crisis derivada de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/45730/S2000154_es.pdf.

El Comercio. (13 de octubre de 2020). FMI: ‘Hay pocas personas pagando impuestos en Ecuador’. https://www.elcomercio.com/actualidad/fmi-ecuador-impuestos-exenciones-ingresos.html.

GFI. (2020). Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017. Global Financial Integrity. Disponible en: https://secureservercdn.net/45.40.149.159/34n.8bd.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/03/GFI-Trade-IFF-Report-2020-Final.pdf?time=1619103251.

IGF. (2019). Insights on Incentives: tax competition in mining. https://www.iisd.org/system/files/publications/insights-incentives-tax-competition-mining.pdf?q=sites/default/files/publications/insights-incentives-tax-competition-mining.pdf.

SRI. (2017). Notas de Reflexión Política Fiscal y Tributación: Análisis de regresividad del IVA. Quito: file:///D:/1A%20SECTOR%20FISCAL/1A%20Ingresos%20fiscales/regresividad%20del%20IVA%20NR_1740.PDF.

SRI. (2021). Manual de Gasto Tributario. Consultado por última vez el 8 de marzo del 2021: https://www.sri.gob.ec/estudios-investigaciones-e-indicadores: Servicio de Rentas Internas del Ecuador.

Tax Justice Network. (2020). El Estado de la Justicia Fiscal: 2020: La justicia fiscal en tiempos de la Covid-19. Disponible en: https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2020/11/The_State_of_Tax_Justice_2020_SPANISH.pdf.

 

[1] Sobre la reestructuración de la deuda, el 3 de agosto de 2020 Ecuador logró que más del 95% de los tenedores de sus bonos Global, acepten una renegociación que implicó una quita de capital de la deuda por un valor de  $1.539 millones, pasando este segmento de deuda de $17.374 a $15.835 millones. Además, se redujo el interés promedio pasando de 9.2 a 5.3%; el plazo máximo de pago se amplió a 12.7 años y 5 años de gracia para cancelar el capital. Y se permitió el diferimiento de los intereses acumulados entre marzo y agosto de 2020 —que equivalían a más de mil millones, —para que sean pagados entre 2026 y 2030, sin intereses.

 

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de CDES y no refleja, necesariamente, la opinión del cooperante.