Financiamiento Climático justo para América Latina y el Caribe rumbo a la COP28

• Posicionamiento preparado por el proyecto “Deuda, Crisis Climática y Extractivismo en la Amazonía” y la campaña regional “El tiempo se acaba, ¡el futuro es YA!”.

Datos clave sobre deuda, crisis climática y financiamiento en América Latina y el Caribe:

• América Latina y el Caribe (ALC) genera apenas el 11% de las emisiones globales de gases contaminantes que causan la crisis climática; sin embargo, es altamente vulnerable a sus impactos.
• Producto de la crisis múltiple y un sistema financiero internacional injusto y neocolonial, la deuda ha alcanzado niveles récord en el mundo, llevando a casi 60 países en desarrollo a enfrentar severos problemas de endeudamiento, de los cuales 10 son países de ALC. 
• Los países de la región no cuentan con recursos suficientes para enfrentar los crecientes impactos negativos de la crisis climática, y ante niveles de endeudamiento cada vez más altos, los recursos públicos se destinan con prioridad al pago de la deuda antes que a salud, educación y acción climática.
• La deuda pública total de ALC a 2022 alcanzó USD 4 billones en un contexto financiero internacional que encarece y limita el acceso a financiamiento externo, considerando que la tasa de interés en mercados de capitales para deuda soberana de países de ALC, en promedio 7.7%, es superior a la tasa de interés que pagan países ricos, como Estados Unidos, que es de 3.1%.
• Por otro lado, la clasificación de países de ingreso medio o alto del Banco Mundial, sobre la base de un único criterio esconde una serie de vulnerabilidades sociales y climáticas que limita el acceso a financiamiento concesional y a alternativas de alivio de deuda para los países de ALC.
• Ante el reducido espacio fiscal y el creciente peso de la deuda, los recursos públicos no son suficientes para combatir la crisis climática, por lo que los países de ALC acuden al financiamiento climático internacional en el marco del compromiso incumplido de movilizar USD 100.000 millones anuales desde 2009 desde los países ricos. Sin embargo, América Latina y el Caribe accede sólo al 17% de lo que se logra movilizar anualmente, y el 81% de este llega en forma de préstamos, que incrementan los niveles de deuda externa.
• Estos fondos son de difícil acceso, especialmente para poblaciones expuestas a un  mayor grado de vulnerabilidad, como comunidades indígenas, mujeres, niñez y juventudes, familias de escasos recursos, personas con discapacidad, etc., y los procesos de postulación de proyectos a fondos climáticos como el Fondo Verde del Clima (FVC) pueden demorar hasta 5 años.
• Además, sólo el 27% del financiamiento climático internacional se destina a proyectos de adaptación que, sin duda, deberían ser una prioridad en regiones como la nuestra.

El círculo vicioso entre la crisis climática, la deuda y el extractivismo:

• Dada la histórica dependencia de las economías de la región de la exportación de materia prima, los altos niveles de deuda profundizan el extractivismo en sectores como los hidrocarburos, la minería y la agroindustria -incluso ahora también con el litio- para generar ingresos (divisas) y garantizar el repago de la deuda, provocando enormes impactos sociales y ambientales, retrasando la transición hacia nuevos mode  b los de desarrollo alineados al Acuerdo de París y poniendo en riesgo el cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales.
• También hay evidencia que demuestra que acreedores como el FMI ejercen presión sobre países deudores para invertir más en sectores extractivos altamente contaminantes, y calificadoras de riesgo como Moody’s han amenazado a países como Ecuador en reducir su calificación crediticia luego del referéndum que resultó en la decisión mayoritaria de no explotar petróleo en Yasuní.
• Estas actividades extractivas están derivando en mayor deforestación y, sumado a los efectos de la crisis climática, ponen en riesgo a regiones megadiversas como la Amazonía, que son fundamentales para proveer agua dulce, regular el clima y son el hábitat de muchas comunidades indígenas y de millones de especies.
• Por otro lado, varios estudios afirman que, una mayor vulnerabilidad climática de un país deudor implica una mayor tasa de interés, lo que repercute negativa e injustamente en la capacidad de ese país de invertir en medidas de resiliencia climática.
• Asimismo, ante la ocurrencia de eventos climáticos extremos que generan daños y millonarias pérdidas económicas, y considerando que aún no existe en operación un fondo para daños y pérdidas, los países optan por un mayor endeudamiento externo para recuperarse.
• Es realmente alarmante que 81% de dicho financiamiento llegue a la región a través de préstamos, muchos de ellos no concesionales, que aumentan la deuda externa de países que son altamente vulnerables a la crisis climática.
• La Banca Multilateral de Desarrollo también ha sido bastante cuestionada y es urgente  reformarla, ya que sigue financiando combustibles fósiles, está enfocada en mitigación y en catalizar financiamiento privado y canalizan 91% del financiamiento climático a través de préstamos, 75% de ellos no concesionales. 
• Es central visibilizar a nivel internacional que los actuales acreedores de las deudas financieras de los países de ALC, que también manejan el sistema financiero internacional, son los principales deudores climáticos y ecológicos y deben reparar a la humanidad por el daño que han causado.
• De no darse verdaderas transformaciones, la histórica deuda climática y ecológica que tiene el Norte Global con el planeta seguirá siendo injustamente pagada por países del Sur.
• Los países de ALC no podrán salir de este círculo vicioso en el que la única alternativa disponible es recurrir a más deuda si no se plantean cambios. Por ello, para garantizar la preservación de la Amazonía y otras áreas megadiversas, así como una transición energética justa y mayor resiliencia frente a la crisis climática, los países de ALC requieren alternativas de financiamiento justo que respondan al principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas (CBDR, por sus siglas en inglés) y a lo establecido en el Artículo 9 del Acuerdo de París.

Nuestras demandas y propuestas de financiamiento climático justo para ALC:

Considerando el incumplimiento a los compromisos de financiamiento climático de los países ricos, las limitaciones de los mecanismos financieros de la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático (CMNUCC), las necesidades de los países “en desarrollo” para hacer frente a la crisis climática, estimada en 5.8 – 5.9 billones de dólares hasta 2030, y el poco tiempo que de acuerdo a las predicciones de la ciencia le queda a la humanidad para frenar la crisis climática, se necesitan soluciones distintas, ágiles y que garanticen acceso a FINANCIAMIENTO JUSTO.

Por ello, instamos a los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe a unir voces y demandar a la comunidad financiera internacional una transformación del sistema financiero en favor de la vida, que respete los DDHH, así como los límites planetarios, mediante los siguientes puntos:

1. Exigir a los países del Norte el urgente cumplimiento de sus compromisos, tanto en materia de financiamiento climático, como en la reducción de sus emisiones de gases contaminantes principalmente de fuentes fósiles, sin que ello profundice el extractivismo en el Sur Global.
2. Rechazar las falsas soluciones, como los mercados de carbono y otros instrumentos que promueven la financiarización de la naturaleza.
3. Exigir mayor financiamiento climático sin deuda ni condiciones para los países de ALC, que responda a las necesidades reales, priorizando el acceso para las comunidades indígenas y otros grupos altamente vulnerables, especialmente para adaptación y para cubrir daños y pérdidas.
4. Exigir la pronta operativización del nuevo Fondo para Daños y Pérdidas, que garantice acceso directo, adicional y sin deuda a los grupos más afectados por la crisis climática. Tener al Banco Mundial administrando este Fondo pone en riesgo todos esos pedidos desde la sociedad civil.
5. Llevar a las instancias internacionales un pedido regional común para nuevas emisiones de Derechos Especiales de Giro (DEG) como nueva fuente de financiamiento climático, idealmente bajo nuevos criterios de distribución que prioricen la asignación a países con mayor vulnerabilidad.
6. Exigir la cancelación del servicio de deuda y moratoria para países afectados por eventos climáticos extremos y acceso inmediato a recursos que no generen deuda para la recuperación; asimismo, se debe promover el alivio de deuda desde acreedores públicos y privados, para liberar recursos que financien principalmente la adaptación y conservación de áreas mega diversas como la Amazonía. Los canjes de deuda por naturaleza y clima pueden ser una alternativa más si se dan a gran escala y cuando no prioricen intereses de intermediarios privados.
7. Alinear un pedido regional para promover una gobernanza económica global más democrática y justa, donde los países del sur tengan una mayor participación en la toma de decisiones de instituciones financieras multilaterales y en fondos climáticos, y reformar la actual arquitectura financiera internacional, poniendo al centro la vida y no el capital.
8. Promover y exigir un mecanismo de reestructuración de la deuda justo, independiente, oportuno, transparente y vinculante a todos los acreedores, en el seno de Naciones Unidas, y no bajo el liderazgo de los acreedores, como el G20, el FMI o Club de París.
9. A nivel global, demandar la implementación de impuestos verdes internacionales progresivos para corporaciones de combustibles fósiles y de otras actividades altamente contaminantes, gravar las sobreganancias y aplicar impuestos a la riqueza, cuya recaudación pueda aportar al financiamiento climático de los países que más necesidades tienen.
10. Demandar la consideración de nuevos indicadores que reflejen las vulnerabilidades económicas, sociales y climáticas de los pueblos de ALC, más allá del indicador de Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita, para contar con criterios integrales que permitan acceder a un financiamiento justo accesible para grupos altamente vulnerables a la crisis climática.

No se trata sólo de solidaridad entre países ricos y pobres, se trata de responsabilidad, reparación de los daños y justicia climática.

EL TIEMPO SE ACABA ¡EL FUTURO ES YA!

Descargalo aquí

Firmantes:

• Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD)
• Projekta – Suriname
• Instituto Popular de Capacitación IPC – Colombia
• Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático – Bolivia
• Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) – Ecuador
• Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) – Perú
• Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia – México
• Global Call to Action Against Poverty (GCAP) – Latinoamérica y el Caribe
• Fundación Renicc – Nicaragua
• Climate Action Network Latinoamérica (CAN-LA)
• Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana – Paraguay
• Tzuk Kim Pop – Guatemala
• Fundación Jubileo – Bolivia
• FARN Argentina